Enviado por Asociación Argentina de Actores el Mié, 07/23/2014
En relación al sumario administrativo interno iniciado en la Asociación Argentina de Actores a fin de investigar las irregularidades detectadas en la Delegación La Plata, se comunica a nuestros afiliados que si bien los plazos necesarios para llevar a cabo la investigación, así como los solicitados por los delegados para efectuar su descargo, se encuentran cumplidos, hemos decidido dar una oportunidad más a los sumariados para que aporten las pruebas que permitan tener por ciertas las justificaciones que, frente a cada una de las imputaciones que se les realizan, ellos formulan en su descargo.
Ello implica que, si bien no podemos aún emitir un dictamen definitivo, ni deslindar las responsabilidades que a cada uno pudiera caberle en los hechos investigados, sí podemos hacer públicas las imputaciones a los delegados, sus reconocimientos expresos, y la falta de prueba de lo que afirman para justificar sus acciones.
No se trata de una única irregularidad, de un par de ellas sin importancia o de un problema político, como pretenden presentar la cuestión los delegados de La Plata frente a los afiliados. Se trata, por el contrario, de faltas gravísimas que determinaron la necesidad de una investigación y la suspensión en sus cargos mientras dure la misma, para resguardar a la entidad de que las mismas faltas se siguieran cometiendo.
La situación de irregularidad de la Delegación La Plata se remonta al año 2011, oportunidad en que se debatió en profundidad la incompatibilidad existente entre integrar la planta permanente de los teatros oficiales y pretender ser, al mismo tiempo, miembro de la conducción de la delegación. Si bien las razones eran obvias, se explicó a los delegados que aquellos que integraban los elencos de planta permanente de los teatros oficiales, quedaban dentro de la órbita personal de representación de otros gremios (ATE, UPCN, entre otros) por el hecho de ser empleados estatales; que dejaban de integrar el ámbito personal de la Asociación de Actores y que sus aportes tanto sindicales como de Obra Social eran derivados a estos otros sindicatos y a sus obras sociales.
No ya al sindicato de actores ni tampoco a la OSA (Obra Social de Actores). Y esto es así por expresa disposición legal y nada puede hacer el sindicato de actores ni sus dirigentes, ni sus delegados, para oponerse a ello. En este caso el trabajador actor no puede elegir a qué sindicato pertenece. Eso está determinado por la ley. Y si un trabajador actor integra un elenco en planta permanente estatal, es empleado público y, por lo tanto, mientras no exista un convenio colectivo que regule la relación laboral de los actores con el Estado ese trabajador no podrá estar representado por nuestro sindicato. Mucho menos ser dirigente del mismo. Va de suyo que jamás este sindicato podía continuar avalando que algunos de sus dirigentes pertenezcan a otros sindicatos y menos aún que, como consecuencia de ello, se desfinancie tanto la entidad sindical como su Obra Social.
La Asociación de Actores viene bregando hace ya varios años para que se reconozca plenamente la relación de dependencia de sus afiliados con quienes los contratan, lo que permitirá no sólo la posibilidad de jubilarse como actor sino, además, tener acceso a todos los beneficios de cualquier trabajador en relación de dependencia (aguinaldo, vacaciones, asignaciones familiares, licencias, etc.). Esta es una batalla que continúa, sin descanso, hasta la fecha, con grandes avances en cuanto al tratamiento de la ley del actor.
En el caso del Estado Empleador, específicamente, nuestra acción está orientada a mantener las fuentes de trabajo que existen, a que se creen nuevas, y a favorecer la rotación de distintos actores en esos puestos.
La política individual seguida por algunos de los dirigentes de la delegación La Plata, vacía de contenido esta lucha y direcciona los esfuerzos en un sentido contrario al que corresponde. Mientras no exista la ley del actor y mientras no tengamos un convenio colectivo específico que rija la actividad de los actores contratados por el Estado (nacional, provincial, municipal, etc.) necesitamos unidad en esta lucha. Y el accionar de los delegados platenses la erosiona.
Este accionar, reconocido expresamente por los delegados, incluyó su petición a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, para que se modificara la ley 12.268, permitiendo la inclusión de los actores en la planta permanente y derogando las formas de contratación que permitían que los cargos existentes no fueran ocupados siempre por los mismos, contrariando la decisión de la conducción nacional y la de los actores de la Provincia de Buenos Aires.
Numerosas reuniones con los delegados sumariados, debates, análisis y explicación de los motivos, y hasta la comunicación formal de la decisión tomada por el Consejo Integral respecto de que debían optar entre continuar en los elencos oficiales o continuar a cargo de la delegación, no alcanzaron para convencer a los delegados que debían ejecutar el mandato conferido. Con diversas evasivas y dilaciones, continuaron como hasta entonces.
Pero no sólo en este aspecto, los delegados desoyeron las instrucciones de la conducción nacional. Tampoco cumplieron con el mandato de trasladar la sede de la delegación a otro espacio físico que no fuera en el Teatro Argentino, perteneciente al Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, es decir, a la patronal y de adecuar la operatoria bancaria de la delegación, conforme instrucciones impartidas a todas las delegaciones. Siguieron operando en los bancos como lo venían haciendo de manera inconsulta, emitiendo cheques con una sola firma, actuando conforme a poderes vencidos y sin presentar los nuevos vigentes- que restringían las funciones para operar- desoyendo la orden de la administración central e impidiendo, de esta forma, el control de las cuentas bancarias.
Se decide entonces que, para resguardar el patrimonio de la Asociación, era necesario tomar alguna forma de acción directa en la delegación que permitiera analizar lo que estaba sucediendo. Hasta donde fue posible, se arbitraron los medios para no perjudicar a los delegados y se les pidió información y colaboración.
Sin embargo, lejos de contribuir a ordenar la delegación, los sumariados adoptaron una actitud de confrontación, extremando sus posiciones. Así, el delegado Magliaro comunicó que su hija estaba trabajando en la delegación, y que la delegación había decidido que se incorporara como empleada de la entidad. Dicha decisión jamás se consultó a esta conducción, siendo el nombramiento de empleados, conforme lo establece el estatuto, atribución exclusiva del Consejo Ejecutivo. El proceder del delegado Magliaro no sólo constituye una falta ética y una violación estatutaria sino que motivó que su hija iniciara un reclamo contra la Asociación por registración de la relación laboral que dice mantuvo durante varios años y que significará en el futuro la probabilidad cierta de tener que afrontar el costo de un eventual juicio por despido indirecto (la Srta. Magliaro se consideró despedida al serle desconocida la relación laboral) con el consecuente pago de indemnizaciones y honorarios de abogados.
Asimismo, dejaron de rendir cuentas de su gestión, obligación que expresamente establece el Estatuto de la Asociación, de participar de las reuniones, de tener comunicación con la Secretaría de Interior, es decir, rompieron todo lazo con la conducción nacional.
Esta conducta de los delegados motivó la suspensión en los cargos y la instrucción de un sumario administrativo interno, única modalidad posible para investigar un hecho irregular que afecta los intereses de nuestro sindicato y que, de comprobarse, requiere la adopción de medidas que restablezcan el funcionamiento regular de la entidad.
La investigación se llevó a cabo cumpliendo todas las formalidades del debido proceso, garantizando en todas las etapas el derecho de defensa de los sumariados y el secreto de sumario. Con una celeridad tal que en poco tiempo se pudo no sólo analizar la operatoria de la delegación sino, tan importante como esto, garantizar al normal funcionamiento de la misma sin afectar los intereses de los afiliados platenses.
Así, a partir de la investigación, fueron apareciendo nuevas irregularidades en la delegación, tales como:
. Los delegados autorizaron a operar la cuenta bancaria de la entidad a personas que no son apoderadas y que son distintas de los propios delegados.
. Los delegados integraron la negociación paritaria de la Mesa Técnica-Teatro Argentino- Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires ostentando cargos que no poseían y continuaron haciéndolo luego de haber sido suspendidos en los mandatos.
. La delegación emitía facturas por servicios que prestaban trabajadores de otras actividades tales como músicos, talleristas, artistas plásticos, conferencistas, artesanos, locutores, coordinador de espectáculos, realizadores de filmaciones y edición de eventos, ferias artesanales, sonido y musicalización de eventos, asistentes de iluminación, realizadores de muñecos gigantes, charlas sobre memoria peronista, clases de bajo, batería, violín, violonchelo, bandoneón, piano, canto, audio perceptiva.
. Los asientos contables de la delegación contienen datos falsos, erróneos o insuficientes: existen recibos de haberes cuyo respectivo porcentaje de aporte de Obra Social nunca fue ingresado, lo cual deja a actores sin cobertura de salud, así como ingresos de aportes a la Obra Social sin el respectivo recibo de haberes, lo que impide imputar el aporte al actor que debe recibirlo.
. Los delegados efectuaron un manejo discrecional de los salarios de los actores contratados por la Municipalidad de la Plata de los cuales se detraería una parte de los mismos para ser utilizados por personas distintas a los actores que debían percibirlos.
Muchos de estos hechos fueron reconocidos por los sumariados, que intentaron justificar su accionar con distintos argumentos. Pero ya casi sobre el final de la investigación, no han aportado ningún elemento que lo sustente.
Queda claro entonces que muy lejos de tratarse de una confrontación política de orden regional, la Delegación La Plata ha sido mal manejada por sus dirigentes.
Que cuando ellos o sus voceros afirman que esta Asociación incurrió en prácticas antidemocráticas, están tratando de desviar el foco del problema.
Las delegaciones en todo el país, previstas en nuestro Estatuto son una parte esencial e inescindible de la actividad de este sindicato. Pero no son entidades distintas de él. Ejercen un mandato “delegado” por la conducción nacional y su existencia se enmarca en un ordenamiento jurídico nacional determinado, válido para todos los sindicatos y todas las delegaciones, que es la ley de Asociaciones Sindicales 23.551 y más genéricamente, la Constitución Nacional.
Es ese ordenamiento general el que establece la función de un sindicato y su conducción, de una delegación y su conducción, etc.
Es ese ordenamiento general el que establece que la delegación, representa a los trabajadores frente al sindicato y al sindicato frente a los trabajadores. Es por ello que debe ser autárquica para poder administrar la delegación pero no autónoma, sino dependiente del sindicato y de sus máximas autoridades que son el Consejo Ejecutivo y el Consejo Integral.
El accionar de los delegados sumariados muestra claramente que ellos han desoído el mandato para el cual fueron designados, que tomaron sus propias decisiones en contra de lo que se decidió a nivel nacional y que llevaron adelante la delegación mal administrando sus bienes y perjudicando a muchos de los afiliados.
Por nuestra parte, resta aguardar el plazo para que los sumariados aporten la documentación faltante, para luego de concluido el sumario, deslindar responsabilidades y adoptar las medidas que correspondan.
Pero dada la trascendencia que este conflicto viene teniendo en las redes sociales y para aportar algo de claridad ante tantas falacias escritas y oídas al respecto, es que nos vemos en la necesidad de emitir el presente comunicado.
CONSEJO INTEGRAL
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ACTORES
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