Juicio oral a diez acusados por fraude en el Instituto Cultural bonaerense

Delito de guante blanco y ñoquis al banquillo

Todos los imputados fueron excarcelados bajo fianza. Uno de ellos era funcionario del área de liquidaciones. La Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata lo acusa de librar sueldos de hasta 7 mil pesos a falsos empleados. La presunta estafa supera los 200 mil

La Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata pidió que sean juzgados en audiencia oral y pública un funcionario del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, junto a otras siete personas en el marco de una causa que investigó una liquidación de haberes por un valor superior a los 200 mil pesos a empleados inexistentes de ese organismo gubernamental que funciona en la sede del Teatro Argentino de calles 51, 9 y 10, y en calle 5 nº 755.

El requerimiento de elevación a juicio oral fue adoptado por los fiscales Victoria Huergo, Esteban Lombardo y Jorge Paolini de la UFIC (Unidad Funcional de Instrucciones Complejas), quienes además dieron por finalizada la etapa investigativa.

Al comienzo de la causa, todos los imputados habían sido detenidos, pero luego quedaron excarcelados bajo fianza.El pedido de juicio oral fue girado al juez de Garantías Federico Guillermo Atencio y recayó sobre el funcionario del Instituto Cultural José María Brandi, que se desempeñaba, al momento de detectarse la maniobra, en el área de Liquidaciones de Haberes.

La UFIC dio por probado que Brandi, aprovechando el manejo y disposición de los sueldos del personal, utilizó la clave informática o login de otro empleado y “dio de alta” a ocho personas, a las que incluyó como empleados del Instituto Cultural.

Los fiscales de la UFIC acreditaron que ninguna de las ocho personas contratadas concurría a prestar servicios al organismo provincial de cultura.

También se constató que Brandi dio de alta a esas ocho personas -cuatro hombres y cuatro mujeres-, y les liquidó sueldos mensuales de entre 3.500 y 7.000 pesos.

Según se informó en Tribunales, la UFIC sospecha que el monto total de la maniobra ascendería a los 200.000 pesos ya que las liquidaciones a los empleados “ñoquis” se extendió, al menos, durante todo 2008.

El delito que se le imputa a Brandi y a los otros ocho imputados es el de “fraude en perjuicio de la administración pública”.

Los fiscales indagaron a los imputados. Sólo dos aceptaron declarar en un primer momento, y el resto lo hizo durante el trámite del expediente. Los que declararon en primer término admitieron que Brandi los contrató, y sobre el dinero cobrado por ellos, que sólo se quedaban con 500 pesos.

También contaron que Brandi “emitía los cheques, pasaba a buscar a cada uno por la casa, los llevaba al Banco Provincia, los esperaba y recibía los 500 pesos de cada uno”, de acuerdo a lo que figura en la causa.

Durante la investigación, a la fiscalía le llamó la atención que durante todo un año en ninguna auditoría quedara al descubierto semejante faltante de dinero. También resultó preocupante que ningún gremio u órgano de contralor pudiera supervisar y advertir que había ocho personas que cobraban sin ir a trabajar.

La denuncia penal fue radicada por el titular del Instituto Cultural bonaerense Juan Carlos Dánico.

Contratados para “sala y escenario”

La Unidad de Instrucciones Complejas (UFIC) de La Plata sostiene que se perpetró una presunta defraudación al Estado, a través de la contratación de empleados denominados “ñoquis” en el Instituto Cultural bonaerense, de quienes se comprobó que nunca prestaron servicios ni se presentaron a trabajar en el mencionado organismo gubernamental.

A partir del relato de otros testigos y representantes gremiales se pudo establecer que la lista de falsos empleados sería mucho más extensa y que la maniobra debió contar con la anuencia de otros funcionarios jerárquicos encargados de auditar o controlar las altas del personal.
n El delito que se les imputa es defraudación al fisco, que establece una pena de hasta 6 años de prisión.

Para el funcionario Brandi, el juez Atencio fijó en su momento una caución real o fianza de 20.000 pesos, mientras que para el resto de los imputados el juez estipuló la suma de 3.000 pesos a cada uno. Se trata de Luis Alberto Pozzi, María Cristina Liporace, Evangelina Gutiérrez, Julieta Castagnasso, el ex policía Juan Amadeo Sficco, María Laura Horn (familiar de Brandi), los odontólogos Guillermina Crivos y Santiago Coste, y el farmacéutico Héctor Fabián Palomeque.

La fiscalía también demostró que Brandi realizó otra maniobra, sin respaldo documental alguno, bajo la modalidad contractual “Sala y Escenario”, “sin que existiera vínculo laboral alguno entre
la persona dada de alta y el Instituto Cultural de la Provincia”, afirmaron los magistrados en su
dictamen.

A los investigadores les llamó la atención que los presuntos “ñoquis” en su mayoría tenían empleo y profesión. Los fiscales probaron que los sueldos liquidados fueron efectivamente percibidos sin que jamás hubiera una contraprestación. De todos los imputados, una sola persona concurrió unos días al Instituto.

Apuntes del expediente

En su resolución, a la que Trama Urbana tuvo acceso, los fiscales dijeron que Brandi “en su rol de funcionario público e integrante del área de Liquidación de Haberes del Instituto Cultural de la Provincia, con fecha 26 de febrero de 2008, de manera indebida y sin respaldo documental alguno, cargó y dio de alta en el sistema informático de liquidación de haberes de dicho organismo a dos personas de sexo masculino y dos de sexo femenino, asignándoles los legajos correspondientes de esa repartición”.

El 21 de mayo de 2008 “repitió la maniobra respecto de un hombre y una mujer, a quienes les asignó los legajos”, añadieron los fiscales, destacando que durante el transcurso de mayo de 2008, (Brandi) realizó el cambio de titularidad de dos de las altas otorgadas indebidamente en febrero de 2008”.

Los fiscales también señalaron que Brandi “extrajo mensualmente, y en forma interrumpida desde febrero a octubre de 2008, de la oficina de Liquidación de Haberes del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, los recibos cheques que en la misma se emitían respecto a las personas dadas de alta irregularmente en connivencia con el imputado, posibilitando y dando lugar de tal modo al cobro indebido, por parte de los ocho sujetos en cuestión, en la sucursal Casa Matriz del Banco Provincia”.

Fuente: http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-114264