jueves, 10 de enero de 2013

Conflicto en el Centro Cultural San Martín


Miércoles, 9 de enero de 2013

SOCIEDAD › ARTISTAS Y TALLERISTAS OCUPAN LA SALA ALBERDI DEL SAN MARTIN

El conflicto, de larga data, se reactivó a principios de enero, cuando las autoridades decidieron cerrar el centro por vacaciones. Un grupo quedó en la sala del sexto piso y personal de seguridad no permite el ingreso de alimentos.

Los artistas reclamaron con un corte en la avenida Corrientes la reapertura de la sala. 
Imagen: Guadalupe Lombardo

Un grupo de artistas y talleristas, que trabajan de manera autogestiva en la Sala Alberdi, en el 6º piso del edificio del Centro Cultural San Martín, se resiste a dejar las instalaciones. Desde el viernes unas diez personas están tomando la Sala y no se les permite ingresar alimentos ni bebidas. Incluso, ayer se les negó el ingreso a Nora Cortiñas y Mirta Acuña de Baravalle, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que llevaron su adhesión a la medida. “Están violando los derechos humanos básicos”, denunció Analía Lunas, trabajadora de la sala, en diálogo con Página/12. La medida comenzó luego de que personal de seguridad privada les negara, a principios de enero, el ingreso para realizar talleres y espectáculos de la temporada de verano.

El gobierno porteño pretende desalojar la sala, para su reparación, y trasladar las actividades a otro espacio, en el barrio de Chacarita. Los talleristas rechazan la propuesta porque el lugar ofrecido es inadecuado.

Las notificaciones llegaron el 3 de enero pasado. Un memorándum de la directora del Centro Cultural, Gabriela Ricardes, informa que el lugar “permanecerá cerrado por vacaciones desde el 28 de diciembre hasta el 10 de febrero”, por lo que les niegan el ingreso a talleristas y estudiantes. Sucede que la Sala Alberdi no depende del Centro Cultural sino de la Dirección General de Enseñanza Artística, encabezada por Diego Birman, dependiente del Ministerio de Cultura porteño, y por eso se resisten a cumplir la orden. Con el correr de los días la situación se tensó, ya que la Policía Metropolitana custodia permanentemente el lugar y la seguridad privada colocó mostradores en la puerta principal del edificio para impedir el ingreso y, desde el viernes, no permiten la entrada de personas para entregar alimentos y bebidas a quienes ocupan la sala.

El conflicto en torno del porvenir del edificio del Centro Cultural es de larga data. Comenzó hace poco más de seis años, “cuando se conoció que existe un proyecto de privatización y modernización que apunta a hacer tareas que tienen que ver con artes audiovisuales”, relató Leandro Grazzia, integrante de la asamblea. “Trabajamos con gente de la calle y reproducimos una educación que no es represiva, eso les molesta”, reflexionó Lunas.

En 2006 se inició una batalla judicial entre el gobierno porteño y los talleristas, que reclaman ser reconocidos como “tutores” del espacio y “garantes de su identidad histórica como espacio de producción, divulgación y formación artística”. En 2009, la Justicia determinó que el gobierno debía refaccionar el lugar en 30 días y trasladar la sala a un espacio de “iguales características”, donde los talleristas y estudiantes pudieran desarrollar sus actividades. La medida nunca se cumplió y en agosto de 2010 la Sala fue tomada, ya que argumentaron que “no se estaban haciendo reparaciones”.

La Sala Los Andes, en Chacarita, es el espacio que propuso el gobierno para el traslado. En mayo de este año la jueza Shafrik determinó que peritos de Bomberos debían informar si se habían realizado las obras para prevenir incendios, para habilitar la sala. Ese informe habría llegado la semana pasada. “Ese lugar no cumple con las condiciones de la Sala Alberdi, es muy chiquito y está en medio de un conventillo, por lo que sería difícil tocar música y realizar nuestras actividades”, sostuvo Lunas. La sala de Chacarita cuenta con espacio para cien personas y la Alberdi para 250. En tanto, desde el Ministerio de Cultura no supieron explicar los alcances del fallo. “Lo único que se hizo fue acatar las órdenes de la Justicia”, sostuvo un vocero.

La sentencia anterior de la jueza Shafrik confirma que la sala debe ser desalojada mientras se realizan las reparaciones para garantizar la seguridad de los asistentes.

Desde la semana pasada, integrantes de organizaciones culturales y de derechos humanos llegaron al lugar para repudiar el desalojo de la Sala. En la plaza Seca se realiza un acampe cultural y ayer se sumó un corte sobre la avenida Corrientes bajo la consigna “¡No a la mercantilización del arte!”.

Informe: Carla Perelló.

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